Posición de la Asociación Civil Movimiento Vinotinto ante anuncios económicos del Presidente Nicolás Maduro

Ante anuncios económicos del Presidente Nicolás Maduro

Posición de la Asociación Civil Movimiento Vinotinto

Como organización de Derechos Humanos presentes en Venezuela, que se desempeña específicamente en el área de derechos sociales, económicos y culturales,  a propósito de los anuncios económicos del pasado viernes 17 de agosto de 2018 ligados a la reconversión monetaria, se fija posición en los siguientes términos:

1. Rechazamos que el gobierno nacional en detrimento de la calidad de vida de la ciudadanía en Venezuela, ha tomado decisiones en torno a los derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que son regresivas y lejos de garantizar el goce de estos derechos, por el contrario generan zozobra e incertidumbre en la población, entre ellas, el aumento en los precios de la gasolina, el aumento del IVA y el inconsulto aumento de sueldos y salario de más de 3000%.
2. Los convenios y protocolos facultativos en el área de los DESC, exigen a los estados signatarios en esta materia, avanzar y aplicar el principio de progresividad de los derechos humanos, así como la necesidad de establecer políticas públicas que permitan a estos ser sostenibles en el tiempo. En este sentido el aumento del IVA de 12 al 16%, más allá de ser una necesidad, consideramos que es contrario al artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece para el sistema tributario el criterio de progresividad.  Asimismo el aumento del precio de la gasolina al costo internacional de un dólar por cada litro, es inviable para la nación por el enorme costo que supone un subsidio de la misma, dado que solo un grupo pequeño de consumidores podrían pagarlo.
3. Automatizar el pago de la gasolina para poder cancelar el alto costo de la misma, requiere de contar con puntos de ventas en las 1961 gasolineras¹ operativas del país, en un contexto donde el país tiene la velocidad de internet más lenta del mundo y, en algunas regiones del país este servicio prácticamente no existe, por ello creemos que el anuncio sobe el aumento del precio del combustible es improvisado.
4. Para que la ciudadanía pueda depositar su confianza en medidas económicas tan impopulares, urge la necesidad de que los recursos los administre un gobierno transparente, dado que por su legitimidad y accionar de los últimos 20 años, el actual Ejecutivo Nacional no cuenta con la confianza como administradores del erario público, en un momento donde se requiere de una inversión en la mejora de los servicios públicos, que hoy están colapsados en todo el país.
5. En el contexto de una emergencia humanitaria compleja, conocida dentro y fuera de nuestras fronteras, es preocupante que el Estado no asuma algún plan de contingencia para atender la grave crisis de alimentos y medicinas en el país, teniendo el ofrecimiento de cooperación internacional para paliar las medidas económicas que tienen un impacto directo en dos aspectos: el abastecimiento de productos de primera necesidad y el migratorio. En este sentido, se tomaron decisiones que tienen un efecto grave en  la población, desatendiendo las recomendaciones de órganos como la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, quienes en la sesión 162 celebrada en la ciudad de Bogotá el 27 de febrero de 2018, emplazaron a Venezuela a “aceptar la ayuda humanitaria y una visita de este órgano al país”.
6. La decisión de condicionar al uso del denominado “Carnet de la Patria” para casi toda transacción desde el subsidio de la gasolina hasta el acceso a alimentos y medicinas, representa un claro elemento de discriminación contra los venezolanos, que privilegia a quien detente un documento que está asociado con un partido político, por encima del derecho a acceder a cualquier programa de gobierno, independientemente quien sea el gobernante de turno.  En este sentido el Estado para no generar discriminación tendría dos opciones: procurar carnetizar a cada ciudadano sin exigir una preferencia política, o no carnetizar ni exigírselo a nadie; teniendo que la segunda de ellas es la más viable y económica para el país.
7. En torno al reciente aumento de sueldos, aun cuando existe la urgencia en el sector laboral de superar los salarios más bajos de la historia latinoamericana, los cuales se encontraban por el orden a un dólar mensual para finales de julio 2018, hay que denotar que el gobierno nacional sigue en clara inobservancia de las recomendaciones establecidas en el Convenio número 26 (sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos de 1928) de la Organización Internacional del Trabajo, así como el Convenio número 144 (sobre la consulta tripartita de 1976). En este punto pese a la promesa de asumir la nómina del sector privado por 90 días, preocupa que el incentivo sea el aumento del gasto público y no la producción nacional, recordando que en parte de los convenios se encuentra establecido el generar las condiciones óptimas para la relación de trabajo.
8. El impacto en la crisis migratoria pasa a ser un asunto de preocupación regional, siendo el incidente en el poblado fronterizo de Paracaima en la hermana República del Brasil, el más evidente del colapso que está generando la migración venezolana en el continente, donde la responsabilidad del Ejecutivo venezolano para contener el flujo de migrantes se centra fundamentalmente en abordar soluciones efectivas a la crisis hiperinflacionaria que atraviesa el país. Recomendamos establecer en los puntos fronterizos mecanismos de asistencia para quienes emigran a países vecinos por vía terrestre.