En Venezuela la persecución a sindicalistas, a pesar de no ser nueva, en los últimos años se ha observado un método sistemático y progresivo, en el que se ha criminalizado el ejercicio de la acción sindical y más recientemente la persecución a activistas pro defensa de derechos humanos en la temática laboral.

En los 24 años que tiene en ejercicio el actual gobierno, siempre se ha elaborado un esquema de persecución focalizada hacia grupos que ejercen algún tipo de influencia o impacto en la opinión pública, entre 2002 y 2005 dirigentes del mundo político, sindical y empresarial, de 2007 a 2013 la persecución estuvo dirigida a cierto dirigentes políticos y estudiantiles y entre 2014 y 2018 mayoritariamente a grupos estudiantiles.

Entre el año 2018 y 2022 se ha visto una sistemática persecución a dirigentes sindicales y a defensores de derechos humanos, el primer grupo permanentemente ha sido sujeto de diferentes tipos de hostigamiento y amenazas a través de los años por parte del Estado, el segundo grupo con la detención en  2018 de Grégory Hinds y Geraldine Chacón, así como las recientes detenciones en 2021 de Javier Tarazona y en 2022 de Emilio Negrín, encuadran un patrón de persecución en el que se puede identificar, que mientras más influencia en la opinión pública se tenga por parte de un grupo, bien sea que solamente este tenga efecto en redes sociales o en convocatoria masiva de calle, la posibilidad de ser judicializado aumenta drásticamente.

Es el caso de Douglas González, trabajador de CVG Venalum, resulto privado de libertad el martes 9 de agosto por el Tribunal Séptimo de Control de Barcelona estado Anzoátegui. La fiscalía presentó 6 delitos los cuales fueron, supresión y paralización de la industria del estado, supresión ilegal del trabajo, daño a la propiedad pública, desacato, obstaculización de la vía pública y agavillamiento. Los referidos delitos fueron ratificados por el tribunal, tal como informaron sus abogados a los medios de comunicación.

Douglas González fue detenido mientras se dirigía a la ciudad de Caracas a participar en una protesta con un grupo de pensionados, para exigir la derogatoria del instructivo de la ONAPRE el pasado 2 de agosto en la ciudad de Puerto Píritu.

La causa del dirigente González, es la misma del ciudadano Franklin Gascón a quién asistió judicialmente la organización Movimiento Vinotinto en el año 2020. En aquel momento ciudadano Gascón también fue detenido ilegítimamente varios días antes de poder ser presentado en tribunales, por la misma protesta convocada en el año 2018 en las puertas de la empresa CVG Venalum.

En el caso de Douglas González quién tenía orden de aprehensión desde el año 2018, cuatro años habían pasado desde aquellos eventos ocurridos en las puertas de CVG Venalum, sin embargo, ¿Por qué ahora el Estado se dedica a perseguirlo cuando ya han tenido condenas otros dirigentes por ese mismo hecho?

La respuesta es evidente, cada día crece más el descontento entre los trabajadores venezolanos, el Estado al no poder responder sus demandas, ejemplifica a través de estas detenciones, especialmente este año donde el liderazgo sindical y gremial ha podido reunirse con la regularidad que no tenía desde el inicio de la pandemia por temas de bioseguridad. La emisión del instructivo APN 2022 de la Oficina Nacional de Presupuesto, mejor conocido como el Instructivo de la ONAPRE, ha sido la gota que derramó el vaso y que ha motivado a manifestar en la calle su descontento a los trabajadores y ciudadanos en general de Venezuela.

En lo que va de año 2022 nuestra organización contabiliza, 12 dirigentes sindicales y activistas relacionados con la defensa de derechos laborales judicializados por el estado venezolano, de los cuales 7 actualmente están privados de libertad contando a Douglas González. 

En la cifra global de este sector perseguido hay que sumarles, al profesor Robert Franco y Javier Tarazona, quienes tienen más de un año privados de libertad, con lo que tenemos a 9 dirigentes sindicales y activistas pro derechos laborales injustamente presos. 

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