La detención de Ysnet Rodriguez y Jhonar Barazarte, el 18 y 20 de junio respectivamente, revive la época de la criminalización productores y comerciantes entre los años 2015 y 2019 en Venezuela.
El 11 de junio, circuló un video en redes sociales de productores de tomate del Estado Trujillo, quienes ante la escasez de combustible, como mecanismo de denuncia ciudadana, desecharon gran parte de su propia producción de tomate, ya que en su juicio era más costoso trasladarlo al mercado.
Los días más críticos de la escasez del combustible, entre el 5 y el 14 de junio circuló un video del ciudadano Ysnet Rodriguez de Pueblo Llano Estado Mérida, quien también publicó un video en donde aparece desechando la cosecha de zanahorias, por la misma razón de los productores de Trujillo, la escasez de combustible para trasladar los alimentos.
El ministerio público en la persona del Fiscal General, Tarek William Saab, solicitó la detención de ambos productores, tanto el 18 como el 20 de junio, presentado y puesto bajo libertad plena el ciudadano Ysnet Rodriguez hasta el momento.
El Deja Vu de un instrumento que fue clave en la merma de la economía venezolana.
Se puede afirmar que uno de los elementos determinantes en el colapso económico de Venezuela, cuyo pico se vivió entre los años 2015 y 2019, es la aplicación en toda su esencia de la ley orgánica de costos y precios justos del año 2014.
Foto: Reuters
Todos recordamos aquellos episodios en los que empresarios y comerciantes pequeños eran sacados de sus negocios por las fuerza de seguridad del estado, endilgándoles una responsabilidad exclusiva del ejecutivo nacional para ese momento que era la escasez de productos de primera necesidad y el elevado costo que representaba para el poder adquisitivo de los venezolanos, comprar los productos de la canasta básica.
Se puede citar como alguno de los momentos más representativos el encarcelamiento del representante jurídico Tadeo Arrieche y del gerente de supermercados Día a Día en Caracas Manuel Morales, así como otros a nivel nacional que corrieron el mismo destino con tipos penales como el acaparamiento, el contrabando de extracción la usura y la reventa de productos de primera necesidad.
El informe de derechos socioeconómicos del año 2015 de la organización Movimiento Vinotinto reflejó, cómo a través de esta ley, se impulsaron falsos positivos contra los comerciantes y empresarios venezolanos en ese momento.
En este sentido, se debe señalar que hay un tipo penal de esta ley, que siempre representó una grave preocupación para nuestra organización, en el informe 2015 y es el que El ejecutivo nacional determinó como boicot, una denominación que ni siquiera se corresponde con el texto de lo que está planteado en la ley, pero que en resumen, criminaliza la libertad de reunión, asociación y protesta que también tienen los empleadores y productores en todos los países del mundo.
Desde nuestra organización ratificamos que este tipo de delitos tal como están planteados en la ley de costos y precios justos son herramientas que deben desaparecer, ya que son de manera transversal violatoria de derechos fundamentales y su aplicación en nuestro país demuestra que solo genera, escasez, ausencia de confianza, pero sobretodo ciudadanos maltratados por el Estado.