Educadores y enfermeros en Venezuela tienen salarios mensuales por debajo de cinco dólares, y deplorables condiciones de trabajo. Por exigir sus derechos, sólo en 2023 han sido judicializados más 54 trabajadores del Estado, y actualmente hay 10 privados de libertad (presos políticos) Y tras las protestas pacíficas, más de 1.300 empleados públicos de estos sectores han sido arbitrariamente despedidos, amenazados y hostigados por el Estado.
La criminalización de las protestas ha generado un déficit de más de cien mil docentes y un 70% de ausencia de enfermeros en el sistema público venezolano, es por eso que Movimiento Vinotinto desde el 2016 ha asistido jurídicamente de forma gratuita a más de cinco mil trabajadores de estos sectores, y ha denunciado la crítica situación laboral.
Cada docente o enfermero despedido por el Estado, incrementa el colapso del sistema público, dejando desasistida a la población más vulnerable (niños y adultos mayores).
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