El debate sobre privatizar empresas publicas en donde reina la corrupción y la desidia en Venezuela, se hace presente.
La necesidad de la privatización de empresas públicas en Venezuela, en el contexto de la actual crisis económica luego de atravesar distintos períodos hiperinflacionarios, en conjunto con una serie de reformas institucionales, van de la mano para la transformación del país hacia una democracia verdadera.
Una serie de medidas que distancian del modelo populista que ha caracterizado la nación venezolana a través de los años, incluso desde muchísimas décadas antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, dan cuenta de la arraigada cultura en la dependencia estatal, que todavía prevalece en una buena parte de la clase política venezolana.
A la fecha existen no más de tres voceros de los aspirantes a la presidencia de la república, que abiertamente han hablado de la necesidad de privatizar en Venezuela. Pero más allá de la retórica, existe un elemento objetivo, que aún logrando una transición democrática sera necesario para garantizar la gobernabilidad, la negociación con distintos factores políticos y sociales.
El pasado 5 de junio se empezaron a visualizar filas de combustible en todo el país, la agencia británica Reuters informó que la unidad de craqueo catalítico de la refinería de «El Cardón», la segunda más grande del país, se averió e interrumpió sus operaciones. La crisis del combustible duró cerca de semana y media y afectó severamente la actividad económica en todo el país.
Asimismo los cortes de electricidad durante los primeros quince días del mes de junio se hicieron sentir en toda la geografía nacional, con un promedio de 4 a 5 horas diarias en algunas regiones.
La estatización como modelo económico
Como modelo económico, la estatización de empresas fue una decisión política, que apuntaba a la maximización del control del Estado sobre la economía de un país. Sin embargo, la estrategia fallida se evidencia el día de hoy.
En el caso de Venezuela, la estatización de empresas llevada a cabo por el presidente Hugo Chávez en los 2000, apuntó a la búsqueda en su concepto, de una mayor soberanía económica, la distribución de las riquezas y acceso a recursos estratégicos. Sin embargo fue exactamente lo contrario, la ineficiencia en las empresas estatales venezolanas y la corrupción han sido un problema recurrente en todos esos años de expropiaciones.
Estas son algunas de las estadísticas que pueden resumir su desempeño:
1. PDVSA: La producción petrolera ha disminuido considerablemente en los últimos años. En 2019, se produjeron 793,000 barriles por día, lo que representa un 64% menos que en 2008. Además, la situación de la empresa se ha agravado por la falta de inversión y la corrupción.
2. CORPOELEC: La empresa de electricidad ha enfrentado múltiples problemas, como altos niveles de pérdidas de energía, falta de mantenimiento y obsolescencia de las plantas generadoras. En el año 2020, se registró un promedio de 7,1 horas de cortes de energía eléctrica diarios.
3. Empresas Básicas de Guayana: Estas empresas, que se dedican a la producción de aluminio, acero y hierro, han registrado importantes fallas en la producción debido a la falta de inversión y mantenimiento. En 2019, la producción de aluminio disminuyó en un 82% en comparación con 2000.
4. Sidor: La empresa productora de acero ubicada en la ciudad de Puerto Ordaz, ha enfrentado problemas en su producción, con una reducción del 70% en su capacidad de producción desde 2010.
5. Corpovex: La empresa de importación y exportación del país ha sido cuestionada por su ineficiencia en la administración y distribución de alimentos y medicinas, lo que ha afectado negativamente la situación social y económica de los ciudadanos.
En general, la falta de inversión, la corrupción, la falta de mantenimiento y la obsolescencia de la infraestructura son algunos de los principales factores que han contribuido a la quiebra de las empresas estatales en Venezuela.
La privatización de estas empresas estatales venezolanas es la mejor opción para revertir la situación de quiebra en la que se encuentran. Esto implica la venta de estas empresas a inversionistas privados que tendrían la responsabilidad de mejorar su gestión y llevar a cabo inversiones que promuevan la eficiencia y la productividad.
Sin embargo, la privatización de empresas estatales es también una decisión política que es debatida en muchos países, y es importante tomar en cuenta sus posibles efectos económicos y sociales antes de tomar una decisión irrevocable, algunos de los beneficios y puntos en contra serían los siguientes:
Beneficios
1. Mejora de la eficiencia y productividad: Al privatizar una empresa estatal, los nuevos dueños tendrían el incentivo de optimizar la gestión y reducir los costos para mejorar la rentabilidad. Esto puede aumentar la eficiencia y productividad de la empresa.
2. Mayor inversión: Los inversores privados están más dispuestos a invertir en una empresa rentable que tenga un buen potencial de crecimiento a largo plazo. Esto podría resultar en mayores inversiones en infraestructura, tecnología y recursos humanos.
3. Generación de empleos: La privatización de empresas estatales puede crear nuevas oportunidades de empleo para la población local, aumentando así la fuerza laboral y reduciendo el desempleo.
4. Aumento de ingresos: La privatización puede generar ingresos significativos para el Estado a través de la venta de la empresa y la recaudación de impuestos.
Puntos en contra
1. La agitación social que pudieran generar factores asociados al actual partido de gobierno.
2. Una selección equivocada de administradores puede prolongar la situación de quiebra de estas empresas estatales.
Es importante sopesar cuidadosamente los pros y contras de la privatización antes de tomar una decisión definitiva, especialmente en el contexto económico y político actual de Venezuela.
Para lograr un proceso de privatización que involucre a todos los sectores políticos, económicos y sociales de Venezuela, es necesario un enfoque colaborativo y participativo, que tenga en cuenta las necesidades y opiniones de todas las partes interesadas. Aquí hay algunas etapas que podrían formar parte de un proceso de privatización inclusivo:
1. Diálogo y consulta: El primer paso sería organizar un proceso de diálogo y consulta en el que se involucren a todos los sectores políticos, económicos y sociales del país. Este proceso tendría un objetivo de informar a las partes interesadas sobre la situación actual de la empresa que se pretende privatizar, sus perspectivas a largo plazo y los posibles impactos de la privatización.
2. Identificación de aspectos críticos: En este paso se identificarán y evaluarán los aspectos críticos asociados con la privatización, como la posible pérdida de empleos, el impacto en la economía local, el nivel de inversión necesario, entre otros.
3. Creación de un marco legal: El siguiente paso sería la creación de un marco legal para la privatización. Este marco legal debería incluir normas para la venta adecuada de la empresa, la evaluación de ofertas, la transparencia en el proceso y la protección de los derechos de los empleados y la población afectada.
4. Licitación: En esta etapa se llevaría a cabo un proceso de licitación público, transparente y justo para la venta de la empresa. Se considerarian tanto las propuestas de inversores nacionales como extranjeros.
5. Implementación: Una vez que se ha completado el proceso de licitación y se ha decidido el comprador, se procedería a la transferencia de propiedad y la implementación de la privatización.
6. Monitoreo y seguimiento: Finalmente, se llevaría a cabo un proceso de monitoreo y seguimiento para asegurarse de que se están cumpliendo con las condiciones y objetivos establecidos en el marco legal.
En resumen, un proceso de privatización inclusivo y colaborativo en Venezuela involucraría a todas las partes interesadas y se enfocaría en crear una estructura legal transparente y justa para el proceso de venta de las empresas estatales. Además, este proceso debería ser monitoreado y evaluado continuamente para asegurar que cumpla con los objetivos previstos, especialmente aquellos encaminado al fortalecimiento de la economía nacional y el bienestar de la población, claro está luego de una deseada vuelta a la democracia.