El miércoles 12 mayo de 2021 se presentó en rueda de prensa, el informe 2020 de la Alianza para la defensa de los Derechos Humanos Laborales en Venezuela, plataforma creada el 12 y 13 de marzo de 2020 con el objetivo de reunir esfuerzos para la defensa derechos laborales con una perspectiva desde los derechos humanos, en donde se unirían esfuerzos entre organizaciones no gubernamentales y organizaciones sindicales.

Manuel Virgüez Director de la organización Movimiento Vinotinto destacó que 1230 trabajadores del sector público fueron despedidos en 2020 por razones políticas o sindicales, así como la cifra de personas excluidas de nómina a nacional fue de 90000 sumando entre 2019 y 2020 más de 200.000  trabajadores de la Administración pública después suspendido por razones políticas sindicales en las instituciones del Estado.   Destacó que en Venezuela existe un patrón de violación de Derechos Humanos en los que incluso las decisiones sobre el siguiente sindicales solamente en el año 2020 ascendieron a más de 27 trabajadores 19 de ellos pertenecientes al gremio de la salud.

Virgüez también señaló que la organización Movimiento Vinotinto ha desarrollado reuniones con coaliciones y organizaciones sindicales en 10 estados del país, en donde se ha entrevistado a 55 dirigentes sindicales, dónde se ha podido evidenciar la socialización de la criminalización de la actividad sindical desde la base.

Por su parte Marcela León Presidenta de la Central ASI Venezuela expresó su preocupación por la continuidad de las violaciones de los derechos laborales en Venezuela, ya que el Estado no ha aceptado las recomendaciones de la comisión de encuesta de la Organización Internacional del Trabajo, organismo que determinó con el informe 2019, la violación de los tres convenios de la queja presentada en 2015,  que versan sobre el artículo 87 que establece el derecho a la libertad sindical, el dialogo social tripartito o a la falta de consulta tripartita, establecidos en los convenios 26 y 144 de la OIT.

Asimismo destacó que durante el año 2020, Pese a que el Ministerio del Trabajo, ha convocado a las distintas organizaciones sindicales, fundamentalmente más para reuniones genéricas de reconocimiento, en estas no han habido resultados concretos en cuanto a salarios, contrataciones colectivas, no sé instalado a la mesa tripartita recomendada por la comisión de encuesta, ni los programas de formación,  ni se ha acordado con organización internacional de trabajo y el Estado, la instalación de una mesa  técnica para todos estos temas que impactan al mundo del trabajo.

La profesora Belkis Bolívar,   directiva de la Federación Venezolana de Maestros subrayó durante la rueda de prensa,  que el magisterio venezolano crítica que el gobierno de Nicolás maduro haya eliminado de facto la contrataciones colectivas con la reconversión monetaria,  ya que antes de eso habían logrado firmar  un convenio que fijaba en el ingreso mínimo del magisterio y 7 salarios mínimos. Expresó que el sector público tiene años sin superar los $ 5 de salario al mes y que actualmente con el aumento decretado el mes de mayo 2021. el salario mínimo de 7.000.000 equivale a penas a 2.4 dólares siendo la administración pública alrededor del 26% de la fuerza laboral del país.

Javier Tarazona director de la ONG Fundaredes destacó,  que la presencia de los grupos irregulares como las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC y el ejército de liberación nacional ELN,  en las fronteras internacionales del Táchira con el departamento del norte de Santander en Colombia, la frontera terrestre entre Guayana con Brasil, así como la fronteras marítimas de los estados Falcón, Sucre y Delta Amacuro,  son un corredor de tráfico de personas especialmente de mujeres y niños que son sometidos a trabajos forzosos por parte de estos y otros cuerpos delincuenciales con alto poder de fuego y armamento bélico.

Las FARC, el ELN y otros grupos armados dedicados al narcotráfico y la minería ilegal,  son de los principales empleadores en estas zonas de Venezuela,  siendo sólo algunas  de las mafias de esclavitud moderna presente dentro del territorio venezolano, a su juicio preocupa el crecimiento de las ofertas engañosas a jóvenes venezolanas que son captadas por redes de explotación sexual, así como la venta de niños en estas zonas fronterizas que son utilizados como esclavos modernos en actividades como el tráfico ilegal de combustible la explotación minera en el caso del Arco minero del Estado Bolívar y Amazonas,  así como un gran componente de violencia de género presente en estas zonas controladas por una gran variedad de grupos que realizan actividades criminales.

Finalmente el profesor Nelson Rivas investigador del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes destacó,  que los bajos salarios de los profesores universitarios e investigadores científicos en Venezuela ha dificultado en los últimos años la operatividad de las universidades autónomas y experimentales en Venezuela, el profesor Rivas, expreso  preocupación por la implementación del sistema patria para el pago de nómina de los universitarios, desconociendo la autonomía financiera de las universidades autónomas siendo este un medio de control político discriminador y excluyente.

.

Informe 2020 de Alianza para la Defensa de los Derechos Humanos Laborales en Venezuela https://es.scribd.com/document/508746054/Informe-2020-Alianza-DDHH-Laborales-Venezuela