Criminalización del ejercicio al libre comercio, que consiste en la ejecución de cierres, multas y detenciones a dueños de locales comerciales por parte de funcionarios del Estado, a través de constantes fiscalizaciones, aunado a la exposición al escarnio público al ser señalados como los responsables de la crisis económica, con el argumento de presunto acaparamiento o contrabando de productos, o el sobreprecio de los mismos.
En ese contexto se ejecutaron un total de 21.632 fiscalizaciones en todo el territorio nacional a diversos sectores comerciales (productores y distribuidores de carnes, panaderías, ventas de repuestos automotrices, entre otros); en los que fueron impuestas 97.185.500 Unidades Tributarias en multas. Asimismo en estos operativos se practicaron 914 detenciones arbitrarias a dueños de locales, encargados y trabajadores, además de sanciones administrativas, por cargos como Especulación, Usura, Boicot; y hasta vinculación con delitos penales como contrabando.
