Durante 2018 se contabilizaron 2.974 protestas de los gremios o grupos de trabajadores en exigencia de mejores condiciones laborales o reivindicaciones ajustadas a la crisis económica que atraviesa la nación, las cuales generaron nuevas acciones discriminatorias por parte del gobierno, hasta el uso de mecanismos represivos y de persecución contra quienes han alzado sus voces.

En ese orden de ideas, se registraron al menos 4.876 despidosinjustificados de trabajadores pertenecientes a varias instituciones y, principalmente al personal médico y de enfermería de la red pública hospitalaria.

Cabe destacar que las notificaciones de estas remociones se realizaron a través de un escrito en el que no se especifica la causa, en su mayoría tras la participación de estos empleados en una protesta pacífica, o luego de alguna muestra pública de su apoyo a las actividades propuestas por la dirigencia opositora venezolana.

Sumado a esta situación, se comprobó en las instituciones públicas y las empresas privadas, un aumento de hasta 40% en el ausentismo laboral, debido a que los trabajadores no cuentan con las condiciones idóneas para desempañar su labor, por ello en gran parte ha renunciado, calificándose esta acción como una “deserción forzosa”, porque la persona ha dejado de trabajar por las condiciones en las que se encuentra.

En referencia al estatus de la libertad sindical en Venezuela, se evidenció que pudieron constituirse con éxito solo 1 de cada 10 iniciativas de conformar asociaciones sindicales diferentes a las conocidas como socialistas; asimismo se constató que en un 87% actualmente las directivas se  encuentran con sus períodos vencidos o con representantes que han sido impuestos, es decir sin haber sido nombrados por vía del voto universal y secreto. De igual forma preocupa que más del 90% de los sindicatos reconocidos por el gobierno nacional se autodefinen como socialistas.

Dado el contexto previamente descrito, Movimiento Vinotinto considera que en Venezuela es imperativo que se le brinde a la ciudadanía las condiciones para desempeñar la actividad laboral, y que se permita el goce pleno de todos sus derechos según los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en especial lo referido en el Convenio Nº 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación.

De igual forma, es necesario que en el país se garantice la libertad de conciencia y pensamiento de cada individuo en la sociedad, más aún si se trata de la administración pública, porque sin este derecho no puede existir libertad sindical.

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