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Crisis humanitaria en Venezuela

La inadecuada y represiva respuesta del gobierno ante la grave escasez de medicinas, insumos y alimentos - por: Human Rights Watch 18 de noviembre del 2016 - a las 18:43

Se agudiza la crisis en Venezuela



Venezuela atraviesa una profunda crisis humanitaria. Debido a la grave escasez de medicamentos e insumos médicos, para muchos venezolanos es sumamente difícil obtener atención médica esencial. Y la escasez severa de alimentos y otros artículos son un obstáculo para que muchas personas tengan una nutrición adecuada y atiendan las necesidades básicas de sus familias.



Hasta el momento, la respuesta del gobierno venezolano ha sido absolutamente inadecuada. Las autoridades niegan la existencia de una crisis: No han articulado ni implementado políticas efectivas para mitigar la crisis por su propia cuenta, y han realizado acciones muy limitadas para obtener la asistencia humanitaria internacional que podría mejorar sustancialmente los resultados de sus limitados esfuerzos.



El gobierno venezolano ha perseguido a quienes criticaron sus ineficientes esfuerzos para abordar la grave crisis de escasez de medicamentos esenciales y comida que existe en el país.



Mientras el gobierno sigue sosteniendo que no hay una crisis, los derechos a la salud y la alimentación de los venezolanos se siguen vulnerando gravemente, sin perspectivas de que esto tenga un fin. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Príncipe Zeid Ra’ad Al Hussein, manifestó en septiembre de 2016 que Venezuela ha experimentado un “drástico deterioro en el disfrute de los derechos económicos y sociales, a la vez que se propaga el hambre y se produce un brusco deterioro en la atención de la salud”.



Human Rights Watch analizó el alcance y el impacto de esta crisis a través de investigaciones realizadas en el terreno en seis estados y en la capital del país, Caracas, en junio de 2016, y posteriores entrevistas por vía telefónica y otros medios. Visitamos hospitales públicos y distintos lugares donde personas formaban fila para comprar alimentos sujetos a los controles de precios impuestos por el gobierno. Entrevistamos a más de 100 personas, entre ellos médicos, enfermeras, personas que intentaban obtener asistencia médica o alimentos sujetos a control de precios, personas que habían sido detenidas en relación con protestas por la escasez, defensores de derechos humanos y especialistas en salud pública.



Advertimos que la escasez de productos, que se ha agravado en los dos últimos años, está teniendo un grave impacto en el bienestar de numerosos venezolanos. Nuestros hallazgos coinciden con los de organizaciones profesionales del sector de salud, académicos que han realizado encuestas sobre el impacto y la gravedad de la escasez de alimentos, y organizaciones no gubernamentales venezolanas. Informes internos del Ministerio de Salud venezolano que fueron consultados por Human Rights Watch indican que las tasas de mortalidad infantil y materna correspondientes a 2016 son significativamente superiores a las informadas en años anteriores. Según profesionales de la salud entrevistados por Human Rights Watch, las condiciones insalubres y la falta de insumos médicos en las salas de parto de hospitales son factores que inciden significativamente en el marcado incremento de las tasas de mortalidad infantil y materna.



El gobierno venezolano ha insistido en restarle gravedad a esta crisis, y no hay indicios de que haya actuado con suficiente premura para mitigarla. En junio de 2016, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, se dirigió al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en los siguientes términos: “No hay crisis humanitaria [en Venezuela]. No la hay. Lo afirmo con toda responsabilidad”]. Ese mismo mes, la ministra de salud, Luisana Melo, dijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “en general, a la población venezolana se le garantiza su tratamiento para todas sus enfermedades”.



El gobierno solamente ha realizado acciones limitadas para obtener asistencia internacional, y estas no han aliviado la crisis satisfactoriamente. A su vez, ha rechazado una iniciativa de la Asamblea Nacional para facilitar la provisión de asistencia adicional. En mayo de 2016, el Presidente Nicolás Maduro pidió al Tribunal Supremo que bloqueara una ley adoptada por la Asamblea Nacional, donde actualmente hay mayoría opositora, que habría facilitado la asistencia humanitaria internacional y autorizado el envío de medicamentos desde el exterior. Y el Tribunal —que dejó de funcionar como contralor independiente del poder ejecutivo durante la presidencia de Hugo Chávez—hizo exactamente lo que se le pidió. Diversas ONG humanitarias que trabajan en Venezuela dijeron a Human Rights Watch que enfrentan obstáculos para brindar ayuda humanitaria en el país.



En los casos en los cuales la escasez ha sido reconocida por funcionarios gubernamentales, estos han argumentado que se debe a una “guerra económica” librada por la oposición política, el sector privado y poderes extranjeros. El gobierno no ha aportado evidencias creíbles para sustentar estos señalamientos. Por el contrario, varios analistas sostienen que las propias políticas económicas del gobierno, sumadas al colapso del precio internacional del petróleo, han contribuido directamente al surgimiento y la permanencia de la crisis.



Este discurso de sabotaje y “guerra económica” ha sido empleado por el gobierno como justificación pública para sus tácticas autoritarias que buscan intimidar y castigar a sus críticos. Profesionales médicos y de enfermería de hospitales públicos han sido amenazados con ser despidos en retaliación por declaraciones públicas en las cuales se referían a la situación de escasez. Organizaciones locales de derechos humanos han sido amenazadas con la interrupción de su financiamiento internacional. A su vez, ciudadanos de a pie venezolanos que han participado en protestas —tanto marchas organizadas como manifestaciones espontáneas— en algunos casos han sufrido detenciones, golpizas y prohibiciones injustificables de participar en protestas en el futuro. Algunos han sido juzgados en tribunales militares, lo cual supone una violación de su derecho a un juez natural y a un juicio justo.



Escasez de medicamentos e insumos médicos



El sistema de salud de Venezuela está inmerso en una escasez de medicamentos y otros insumos médicos básicos que generó un marcado deterioro de la calidad y la seguridad de la atención en los hospitales que fueron visitados por Human Rights Watch. Esta escasez se ha agravado desde 2014, según entrevistas con profesionales de atención de la salud y pacientes e información publicada por organizaciones profesionales, académicas y no gubernamentales.



Human Rights Watch entrevistó a 20 profesionales de la salud, incluidos médicos y personal de enfermería, que trabajaban en 10 establecimientos (ocho hospitales públicos, un centro de salud en la frontera con Colombia y una fundación que brinda servicios de salud a pacientes). En todos los hospitales que visitamos, médicos y pacientes informaron grave escasez —y, en algunos casos, desabastecimiento total— de medicamentos tan elementales como antibióticos, antiepilépticos, anticonvulsivos, miorrelajantes y analgésicos, entre muchos otros más. Una encuesta independiente realizada por una red de más de 200 médicos en agosto de 2016 determinó que el 76 por ciento de los hospitales públicos no tienen los medicamentos básicos que, según aseveraron los médicos, deberían estar disponibles en cualquier hospital público en funcionamiento, incluidos muchos que figuran en la Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto supuso un incremento respecto del 55 por ciento de los hospitales que estaban en esa situación en 2014, y del 67 por ciento en 2015.



Entre los insumos que faltaban o escaseaban en hospitales públicos se incluían guantes y gasas estériles, antisépticos, alcohol de uso médico, bisturíes, agujas, catéteres, soluciones intravenosas, nebulizadores y suturas quirúrgicas. Incluso era común que faltaran productos básicos de limpieza (como lavandina), que son esenciales para asegurar un ambiente estéril en los hospitales. Las condiciones insalubres han provocado infecciones intrahospitalarias que podrían haberse prevenido.



Ante este tipo de faltantes, los médicos piden a los pacientes que compren los medicamentos e insumos por su cuenta. Muchos pacientes hacen lo posible por conseguirlos, pero regresan con las manos vacías o tan solo con parte de lo que se necesita. En junio, el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela calculó que el 85 por ciento de los medicamentos que deberían encontrarse en farmacias privadas no estaban disponibles o eran difíciles de conseguir, lo cual supone un aumento respecto de 2014, cuando los faltantes alcanzaban el 60 por ciento.



Human Rights Watch recibió información fidedigna sobre una gran cantidad de casos de pacientes con condiciones médicas crónicas como cáncer, hipertensión, diabetes y epilepsia —además de pacientes con trasplantes de órganos— que tenían dificultades para conseguir medicamentos esenciales. Los medicamentos que necesitan a menudo no están disponibles en farmacias públicas ni privadas, si se compran en el extranjero son excesivamente costosos y en el mercado negro no se consiguen o tienen un precio tan elevado que hace que sean prácticamente inaccesibles, además de que allí no tienen ninguna garantía de calidad.



Profesionales del ámbito de la salud dijeron a Human Rights Watch que la escasez muchas veces impide que puedan practicar procedimientos médicos básicos y brindar atención esencial a pacientes. Por ejemplo, han tenido que postergar cirugías y se han visto forzados a administrar solamente tratamientos parciales de antibióticos y medicamentos, una práctica que puede provocar recaídas e infecciones resistentes a medicamentos.



El gobierno venezolano prácticamente no ha publicado estadísticas clave sobre atención de la salud, incluidas las tasas de mortalidad materna e infantil, lo cual ha dificultado evaluar el impacto de la crisis Sin embargo, las pocas estadísticas oficiales disponibles muestran un panorama sombrío.



Los índices oficiales de mortalidad infantil y materna informados por el gobierno venezolano han tenido un incremento significativo en los últimos años.



Un informe interno del Ministerio de Salud al cual tuvo acceso Human Rights Watch indica que la tasa de mortalidad materna era de 130,7 muertes cada 100.000 nacimientos ocurridos entre enero y mayo de 2016; esta cifra representa una tasa muy superior a la de años anteriores sobre los cuales el gobierno ha difundido datos. La tasa de 2016 es un 79 por ciento más alta que la más reciente informada por el gobierno venezolano, en 2009, que en ese entonces fue de 73,1. Entre 2003 y 2008, la tasa fue de entre 49,9 y 64,8.



Un segundo informe interno del Ministerio de Salud consultado por Human Rights Watch indica que la tasa de mortalidad infantil en Venezuela correspondiente a los primeros cinco meses de 2016 fue de 18,61 muertes cada 1.000 nacidos vivos. Esta cifra es un 21 por ciento más alta que la tasa de 15,4 informada por el gobierno a las Naciones Unidas en 2015; y un 45 por ciento más alta que la tasa de 12,8 informada para el 2013. No se informaron datos para el año 2014. La tasa de mortalidad infantil fue de 11,6 en 2011 y 11,8 en 2012.



Human Rights Watch analizó datos oficiales informados por otros gobiernos de la región desde 2000 y no encontró evidencias de que se hubieran producido aumentos similares en las tasas de mortalidad materna e infantil informadas. No obstante, para la mayoría de los países no hay datos públicamente disponibles aún respecto de 2014 ni posteriores, es decir, los años en los cuales los datos de Venezuela muestran un aumento de las tasas de mortalidad infantil y materna.



Escasez de alimentos y artículos de primera necesidad



Existe en Venezuela una severa escasez de artículos de primera necesidad, incluso de alimentos. Se torna cada vez más difícil para muchos venezolanos —sobre todo para las familias con menores ingresos o con ingresos medios que dependen de los bienes sujetos a los precios máximos fijados por el gobierno— lograr una nutrición adecuada.



Si bien en algunos mercados se pueden conseguir verduras, frutas, carnes, pescado y algunos artículos básicos importados —y en ciertas tiendas se ofrecen artículos de lujo como aceites de oliva y vinos importados—, muchos venezolanos solamente pueden comprar alimentos sujetos a control de precios que, en la actualidad, son escasos.



Los investigadores de Human Rights Watch observaron que se forman largas filas cada vez que los supermercados reciben productos regulados. Varias personas que hacían fila para obtener alimentos explicaron a los investigadores que estaban intentando comprar unos pocos artículos que se venden a los precios máximos fijados por el gobierno, como arroz, pasta y la harina que se utiliza para preparar el plato típico nacional, las arepas. Muchas veces, los supermercados se quedaban sin la limitada mercadería mucho antes de haber atendido a todas las personas que estaban en la fila.



Los alimentos y otros artículos básicos —como pañales, dentífrico y papel higiénico—que las personas podían comprar estaban estrictamente racionados, si es que acaso se conseguían. Por ejemplo, en general las personas podían comprar un kilogramo de harina de maíz o arroz o dos paquetes de pañales por semana, si estos artículos efectivamente estaban disponibles. Según explicaron a los investigadores diversas personas que estaban en las filas, hay artículos, como el azúcar y el papel higiénico, que directamente han desaparecido de los supermercados durante meses.



A través de una encuesta llevada a cabo en 2015 por organizaciones de la sociedad civil y por dos prestigiosas universidades venezolanas, en la cual se consultó a 1.488 personas de 21 ciudades a lo largo del país, se determinó que el 87 por ciento de los entrevistados —que, en su mayoría, pertenecían a familias de bajos ingresos— tenían dificultades para comprar alimentos. El 12 por ciento de los entrevistados comía dos comidas por día o menos.



Diversos académicos del ámbito de la salud pública han asociado la inseguridad alimentaria en varios países latinoamericanos con graves problemas de salud física y mental entre adultos, y con escaso crecimiento y desarrollo socioemocional y cognitivo en niños. En Venezuela, varios médicos, líderes comunitarios y padres manifestaron a Human Rights Watch que estaban comenzando a advertir síntomas de malnutrición, especialmente en niños.



La respuesta del gobierno a la escasez



Desde enero de 2016, el gobierno venezolano ha anunciado una serie de iniciativas destinadas a abordar la escasez de medicamentos, alimentos y otros artículos básicos. Estas iniciativas incluyen medidas para aumentar la producción local de medicamentos, insumos médicos y alimentos. Si se implementaran adecuadamente, algunas de estas iniciativas podrían contribuir a mediano o largo plazo a reducir la escasez. No obstante, hasta ahora no han conseguido aliviar significativamente la severidad de la crisis humanitaria en Venezuela.



El gobierno venezolano ha solicitado algo de ayuda humanitaria internacional, pero solamente en forma limitada. Hasta el momento, las políticas propuestas por el gobierno y sus esfuerzos limitados por obtener ayuda internacional han estado lejos de proporcionar las soluciones necesarias para aliviar la escasez. Sin embargo, el gobierno venezolano no parece haber intentado obtener asistencia adicional que podría estar disponible en forma inmediata. Por el contrario, el gobierno ha negado enfáticamente la magnitud de la necesidad de asistencia y ha frenado una iniciativa de la Asamblea Nacional, donde actualmente hay mayoría opositora, para solicitar ayuda internacional.



Human Rights Watch no tiene conocimiento de que haya ni un sólo programa de asistencia en salud a gran escala de ninguna organización no gubernamental internacional que actualmente aborde la crisis médica en Venezuela. Human Rights Watch ha mantenido conversaciones confidenciales con cinco personas que trabajan para varias importantes organizaciones no gubernamentales humanitarias y una que trabaja para las Naciones Unidas, y estas han expresado que han debido sortear graves obstáculos para trabajar en Venezuela durante la actual crisis.



La respuesta del gobierno a críticos



Human Rights Watch documentó decenas de casos de venezolanos que afirmaron haber sufrido actos de intimidación o violencia por parte de agentes gubernamentales, en respuesta a críticas públicas o protestas ante la respuesta del gobierno a la crisis humanitaria en el país.



Tanto médicos como profesionales de enfermería indicaron haber sido amenazados con represalias, incluyendo ser despedidos de sus puestos, luego de haber hablado públicamente sobre la escasez de medicamentos e insumos médicos, y sobre la precariedad de la infraestructura en los hospitales donde trabajaban.



Diversos defensores de derechos humanos denunciaron un clima de intimidación como resultado de medidas aprobadas por el gobierno para restringir el financiamiento internacional y de las reiteradas acusaciones infundadas, proferidas por funcionarios y partidarios del gobierno, de que los defensores conspiraban para desestabilizar al país. En mayo de 2016, el Presidente Maduro aprobó un decreto en respuesta a la “emergencia económica” mediante el cual instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores que suspendiera todos los convenios que prevean el financiamiento extranjero para personas u organizaciones, cuando “se presuma” su “utilización con fines políticos o de desestabilización de la República”. Si bien la seguridad nacional es, sin duda, un tema de interés para el gobierno, este lenguaje impreciso puede ser usado —y, de hecho, parece haber sido diseñado— para socavar las posibilidades de organizaciones independientes de la sociedad civil de operar efectivamente y sin miedo a sufrir represalias.



Pese a que, hasta donde Human Rights Watch tiene conocimiento, estas disposiciones jurídicas restrictivas aún no se han aplicado en ningún caso específico, los defensores de derechos humanos venezolanos manifiestan que han intensificado un ambiente hostil que perjudica gravemente su trabajo. Esto resulta particularmente problemático en Venezuela, debido a que las políticas del gobierno han cercenado la libertad de expresión por más de una década, y de este modo han limitado la disponibilidad de medios de comunicación críticos y han llevado a los medios a autocensurarse.



A su vez, ciudadanos de a pie venezolanos afirmaron haber sido detenidos durante protestas por la escasez de alimentos —incluyendo algunas organizadas y otras espontáneas— y haber sufrido golpizas y otros maltratos durante su detención. Estas detenciones tuvieron un patrón similar al de muchos otros casos documentados por Human Rights Watch en Venezuela en 2014, cuando las autoridades reprimieron de forma generalizada manifestaciones contra el gobierno que, en su mayoría, se desarrollaban de manera pacífica.



Human Rights Watch recogió información fidedigna sobre nuevos casos ocurridos en seis estados entre enero y junio de 2016, que involucraron la detención y el procesamiento penal de al menos 31 personas, de las cuales como mínimo 20 habrían sufrido abusos físicos mientras estuvieron detenidas. En la mayoría de estos casos recientes, los detenidos fueron acusados ante tribunales militares, lo cual viola su derecho a un juicio justo. En gran parte de los casos, los fiscales no presentaron pruebas creíbles de que los acusados estuvieran implicados en alguna actividad delictiva. Al igual que en casos anteriores documentados por Human Rights Watch, los 31 detenidos fueron puestos en libertad condicional, a la espera de que se los acusara formalmente de la comisión de delitos, y a la mayoría se les advirtió que no participaran en protestas en el futuro.



Recomendaciones



Al gobierno venezolano



El Presidente Maduro y su gobierno deberían adoptar medidas inmediatas y efectivas para abordar la crisis humanitaria en Venezuela. Concretamente, el Presidente Maduro debería:




  • Formular e implementar políticas efectivas destinadas a abordar la crisis en el sector de salud y la escasez de alimentos en Venezuela, y dar a conocer públicamente tales políticas;

  • Proporcionar periódicamente datos estadísticos actualizados sobre indicadores de salud básicos, entre ellos las tasas de mortalidad materna e infantil;

  • Asegurar que los partidarios del gobierno a quienes se les delega la distribución de alimentos y otros artículos sujetos a los precios máximos fijados por las autoridades no discriminen a opositores políticos o críticos; y

  • Explorar activamente más oportunidades para asegurar ayuda de organismos internacionales que proveen asistencia humanitaria para mitigar el sufrimiento de los venezolanos que no tienen acceso adecuado a medicamentos, insumos médicos, tratamiento médico y alimentos; y facilitar la implementación de aquellos programas ofrecidos por estas organizaciones.



El presidente y su gobierno deberían desistir del uso de tácticas autoritarias para intimidar y castigar a críticos. Específicamente, el presidente debería:




  • Dar instrucciones a la ministra de salud para asegurar que los médicos y el personal de enfermería que trabajan en hospitales públicos no sufran represalias por criticar o expresar públicamente su preocupación ante la escasez de medicamentos e insumos médicos, la precariedad de la infraestructura hospitalaria o la respuesta del gobierno a la crisis;

  • Asegurar que los funcionarios gubernamentales no emitan denuncias infundadas contra defensores de derechos humanos, acusándolos de estar supuestamente implicados en planes de “desestabilización”; y

  • Ordenar a las fuerzas de seguridad, incluida la Guardia Nacional y la Policía Nacional, que pongan fin al maltrato de detenidos y no realicen detenciones indiscriminadas de personas que participen en protestas, ya sean organizadas o espontáneas.



A la Fiscal General de la República



La Fiscal General debería iniciar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales sobre los señalamientos de abusos documentados en este informe, incluidas las detenciones arbitrarias y el maltrato físico de detenidos, así como las denuncias de discriminación política en la distribución de alimentos y otros bienes.



A los Estados Miembros de la OEA



En mayo de 2016, el Secretario General de la OEA Luis Almagro presentó un informe exhaustivo sobre la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela, e instó a invocar la Carta Democrática Interamericana. El 23 de junio de 2016, el Consejo Permanente de la OEA se reunió para analizar el informe de Almagro. En rechazo a la posición de Venezuela, según la cual discutir el informe de Almagro sería violatorio de su soberanía, la mayoría de los países miembros votaron a favor de avanzar en este sentido y evaluar el cumplimiento de la Carta por Venezuela.



Los estados miembros de la OEA deberían:




  • Considerar las conclusiones presentadas en el presente informe al evaluar la situación en Venezuela y su cumplimiento de la Carta Democrática;

  • Instar al Presidente Maduro y a su gobierno a que adopten medidas serias, efectivas e inmediatas para abordar la crisis humanitaria en Venezuela, incluidas pero no limitadas a las enumeradas precedentemente; y

  • Ejercer una firme presión internacional sobre el gobierno venezolano —mediante un seguimiento atento y continuo de los acontecimientos en Venezuela dentro del proceso de la Carta Democrática— hasta que demuestre resultados concretos para abordar la crisis política y humanitaria.



A los organismos humanitarios internacionales



Incluso sin una solicitud de asistencia por parte del gobierno venezolano, los organismos humanitarios de la ONU —incluidas la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y UNICEF— deberían ofrecer públicamente asistencia humanitaria al gobierno venezolano para contribuir a mitigar la crisis en el corto plazo. A su vez, estos organismos deberían publicar una evaluación independiente y detallada de la situación en el terreno, incluida su apreciación sobre la magnitud y el impacto de la escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos. La evaluación debería ofrecer una explicación detallada de las necesidades en Venezuela, así como de las diferentes alternativas disponibles para que el gobierno venezolano dé respuesta a esas necesidades a través de los programas con los que cuentan tales organismos.